El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España reclama a las autoridades estatales que no abdiquen de la regulación del sistema universitario español
JUAN JOSÉ BADIOLA CALIFICA DE INACEPTABLE LA INFLACIÓN DE FACULTADES DE VETERINARIA EN ESPAÑA
“Se ha creado una inflación de Facultades de Veterinaria inaceptable. Por eso solicitamos a las autoridades del Estado que no abdiquen de la regulación del sistema universitario y nos dirigimos a las autoridades autonómicas para que frenen una situación que se hace insostenible y degradará las condiciones sociolaborales de sus profesionales veterinarios”, manifestó esta mañana el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios, Juan José Badiola, al comentar en conferencia de prensa los rumores sobre proyectos de apertura de nuevos centros en España.
“Veterinaria no es un caso único, añadió Badiola. También hay inflación de centros de formación universitaria en el ámbito sanitario, lo cual no se entiende en una situación como la actual, en que los gobiernos están preocupados por reducir el déficit público”.
El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios insistió en la inconsistencia económica de nuevos proyectos. “El coste de creación de una Facultad supone unos 15 millones de euros y su mantenimiento entre 8 y 10 millones anuales. Surgen entonces dos preguntas: ¿la Administración está dispuesta a realizar este desembolso económico de verdad? Y en la situación económica actual, ¿tiene sentido ese gasto para formar profesionales que no se necesitan?”
Recordó Badiola que las cuatro Facultades históricas (Madrid, Zaragoza, Córdoba y León), “que cubrían geoestrátegicamente las necesidades de estudios veterinarios en España” se triplicaron en los años ochenta, lo que dio lugar a que en la actualidad existan doce.
Mencionó a continuación el caso de la Universidad de Lérida. “Hace unos años creó el título de Ciencia y Salud Animal, que no tenía parangón en Europa. Ahora lo ha convertido en un Grado de Veterinaria a pesar de que la Facultad de Barcelona cubre sobradamente las necesidades de estos profesionales. Nosotros sugerimos que se apostara por los títulos de postgrado profesionalizantes, que la Veterinaria sí necesita, lo cual no se tuvo en cuenta”.
Juan José Badiola afirmó, asimismo, que es necesario hacer un informe sobre las demandas de profesionales sanitarios para los próximos años. “Estamos hablando de una carrera larga, difícil y costosa y nos preguntamos si tiene sentido crear más Facultades cuando las actuales están generando un número de profesionales superior al que se necesita en España. Veterinaria –comentó a continuación- tiene, además, la singularidad de ser la única carrera en España que necesita una acreditación europea por ser, probablemente, la profesión más regulada de la UE. Sus implicaciones sanitarias son relevantes y afectan a toda la ciudadanía. Un veterinario español que firma un documento acreditando que un alimento es consumible rubrica un salvoconducto del mismo para toda la UE”.
La Federación Europea de Veterinarios, concluyó Badiola, considera que es necesaria una Facultad de Veterinaria por cada 7 a 10 millones de habitantes. “En España se necesitarían entre 4 y 6 Facultades. Y ya tenemos 12”. Tras comparar los datos sobre número de Facultades en los países vecinos, la población y la importancia de sus ganaderías (ver documento adjunto) se preguntó si tiene sentido que nos alejemos de la realidad europea.
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Juan José Badiola, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios; Federico Vilaplana, presidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz; y Felipe Vilas, presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid.
Conferencia de prensa celebrada esta mañana en la sede madrileña del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Creación de nuevos estudios de veterinaria en España
La reciente autorización por la Generalitat de Cataluña de unos nuevos estudios de Veterinaria en la Universidad de Lérida, en contra de la opinión reiteradamente expresada por la profesión veterinaria y por los centros de enseñanza veterinaria, es una muestra mas de la adopción de decisiones que no tiene en cuenta los criterios profesionales y académicos y si exclusivamente razones de conveniencia política y presiones de tipo localista.
Las consecuencias de estas decisiones perjudican seriamente a los actuales y a los futuros profesionales veterinarios, porque sobredimensionará la oferta de profesionales en nuestro país, saturará el mercado laboral, incrementando el los niveles de desempleo y la precariedad laboral, e incrementará el déficit económico de las universidades y las administraciones españolas.
Pero además es un mal ejemplo que desafortunadamente podría animar en esta dinámica alocada de creación de nuevos estudios de veterinaria que social y económicamente no son necesarios, ya que los centros actuales cubren sobradamente la demanda de profesionales veterinarios en nuestro país. De hecho, la Federation of Veterinarians of Europe (FVE) y la European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), representantes de la profesión veterinaria y de los centros de enseñanaza veterinaria a nivel europeo, y responsables de que los estudios de Veterinaria en Europa cumplan unos estándares de calidad mínimos y homogéneos, consideran que es suficiente una facultad por cada 7-10 millones de habitantes para que un estado miembro cuente con unos servicios veterinarios de calidad y pueda atender a las necesidades que cubren los profesionales veterinarios tanto en el sector público como privado .
Según ese criterio, en España con un número de 4 a 6 centros de enseñanza veterinaria sería suficiente, lo que dista considerablemente de los 12 ya existentes en la actualidad. Otro hecho singular y llamativo a reseñar de la situación española es la existencia de 3 centros privados de enseñanza veterinaria, un hecho poco común en los distintos países europeos.
Una cuestión no menor en las actuales circunstancias que vive nuestro país es el alto coste que implica la creación de unos estudios de veterinaria que requieren la disponibilidad de instalaciones acordes y adecuadas a los estándares europeos (aulas, laboratorios, aulas informáticas, salas de disección y necropsias, hospital clínico veterinario, granja docente, planta piloto de tecnología de alimentos y una plantilla de profesores cualificada, entre otros). En conjunto, una inversión inicial de unos 15 millones de euros y un mantenimiento anual de entre 8 y 10 millones. ¿Estarán dispuestas las administraciones responsables a realizar ese desembolso económico? ¿Tiene sentido realizar ese gasto en la actualidad para formar profesionales que no se necesitan?
Por otra es preciso señalar que cuando se comparan los estudios de Veterinaria con otras carreras sanitarias, las Facultades de Veterinaria carecen del soporte económico específico del sistema sanitario público, como es el caso de Medicina o Enfermería, y son las propias universidades las que tienen que hacer frente a todas estas necesidades. Todo ello convierte a los estudios de Veterinaria en los más caros del panorama universitario español: entre 9.000 y 12.000 euros cuesta formar a un alumno cada año. En opinión de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Veterinaria las universidades públicas, en una época de crisis como la actual, difícilmente pueden afrontar estos gastos, que las matrículas cubren en porcentajes escasos (10%-15%) y en lo que respecta a las privadas las matrículas tampoco cubren estos gastos, ya que además de asumir los costes antes señalados esperan tener un margen de beneficio que haga que la empresa sea viable, por lo que en su mayoría suelen prescindir de ciertas infraestructuras y de profesorado, lo que va en detrimento de la calidad de la enseñanza.
Cada año se gradúan en España unos 1.200 estudiantes de Veterinaria, mientras que en los diferentes sectores a los que se dedican los profesionales veterinarios se generan, en torno a 600 puestos de trabajo anuales, por lo que cada año se produce un exceso de oferta respecto a la demanda de trabajo, lo que ha provocado que en pocos años se ha pasado de ser una profesión con un nivel de desempleo inferior al 6% a superar esa cifra de manera apreciable y una precarización laboral que está alcanzando niveles muy preocupantes. Si el número de centros de enseñanza se incrementara la situación sería aún más insostenible.
La conclusión obvia es que todos los ciudadanos españoles están sufragando con sus impuestos formar a más profesionales de Veterinaria de los que necesita el país. ¿Es eso racional y aceptable en un país que apenas tiene recurso para cubrir otras necesidades básicas?
1. Alumnos procedentes, por convenio, del título de Ciencia y Salud Animal de la Universidad de Lleida
